El reciente nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en Colombia. El exjefe paramilitar, conocido por su papel en el conflicto armado, ha sido designado como parte del proceso de paz total impulsado por el gobierno para construir una sociedad libre de violencia.

El presidente Petro justificó su decisión señalando que el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha concluido por completo, y que es necesario contar con actores como Mancuso para lograr una paz integral. Desde mayo, Mancuso ha estado colaborando con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), brindando versiones sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, incluyendo la ubicación de fosas comunes con más de 200 víctimas.

Sin embargo, la designación ha sido objeto de fuertes críticas por parte de líderes de la oposición y expertos políticos. Muchos argumentan que esto podría fortalecer estructuras criminales y debilitar a la fuerza pública. Además, se cuestiona por qué solo se eligió a Mancuso y no a otros actores pertenecientes a grupos al margen de la ley.

Uno de los primeros en expresar su descontento fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien afirmó que el nombramiento de Mancuso no le molesta, pero sí le preocupa que mienta ante la justicia transicional. Asimismo, llamó la atención sobre la importancia de brindar el mismo tratamiento a otros actores involucrados en el conflicto, como Jorge 40, quien actualmente cumple una condena de 19 años de cárcel.

La situación ha generado una polarización en la opinión pública y ha reavivado debates sobre el proceso de paz y la búsqueda de justicia en el país. A medida que el proceso avance, se espera que las autoridades aclaren las dudas y se dé espacio para un diálogo constructivo que permita avanzar hacia una paz duradera y justa para Colombia.