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Críticas de la Corte Suprema de Justicia al juez que concedió una rebaja de pena a Samuel Viñas

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El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, que previamente había concedido a Samuel Viñas detención domiciliaria por motivos de enfermedad grave el 2 de enero de 2020, también había reconocido su derecho a rebajas de pena por estudio y trabajo. Por estudios, se le descontaron 15 meses y 26 días de su condena.

Luego de la apelación de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Barranquilla, a través de la Sala Cuarta de Decisión Penal, decidió modificar el tiempo reconocido por estudio pero negar la redención de pena por trabajo, aunque uno de los magistrados presentó salvamento de voto. Posteriormente, se presentó una Tutela ante la Corte.

El Ministerio Público señaló que “es improbable que el penado esté en condiciones de trabajar intensamente mientras su estado de salud sea tan grave que no permita su reclusión en prisión”.

En respuesta, la Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo presentado por la defensa de Samuel Viñas y respaldó la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla. Recordó que la redención de pena por trabajo y la reclusión domiciliaria por enfermedad grave son instituciones jurídicas distintas, cada una con regulaciones específicas.

“Por lo tanto, el tribunal valoró las pruebas bajo las reglas de la experiencia y los principios de la lógica, es decir, aplicó la sana crítica. En este contexto, decide no reconocer el derecho a la redención por considerar que, dadas sus condiciones de salud, no es verosímil que haya realizado las actividades necesarias”, explicó la Corte.

Además, la Corte instruyó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla a priorizar la vigilancia de la pena impuesta a Samuel Viñas por el homicidio agravado de Clarena Acosta Gómez, resaltando la importancia de aplicar un enfoque de género conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Se cuestionó la falta de claridad sobre el estado real de salud de Samuel Viñas desde que se le otorgó la detención domiciliaria, a pesar de las evaluaciones médicas programadas cada tres meses. La Corte ordenó realizar una nueva valoración para determinar su estado de salud actual, dado que no se han presentado nuevos informes médicos desde julio de 2023.