Según lo anunció la, durante un encuentro con entes gestores y organismos de transporte masivo en la la Sociedad Portuaria de Cartagena, los conductores de vehículos particulares que sean sorprendidos por las autoridades de tránsito prestando el servicio público de transporte ilegal, quedarán sin licencia de conducción hasta por 25 años.
La jefe de la cartera reiteró a las autoridades de tránsito y a los conductores que, a excepción de quienes se encuentren consagrados bajo la Ley 769 de 2002, está completamente prohibido que vehículos particulares, sin permiso, presten cualquier servicio de transporte público.
”Existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial y desde el Ministerio de Transporte debemos promover la transparencia en todas las actuaciones de los actores viales. Estamos convencidos que con un mayor control ciudadano y sanciones más drásticas a quienes infrinjan la Ley, habrá menos espacios para exista la corrupción. El pilar de Legalidad es una de las apuestas más importantes del Gobierno del Presidente Iván Duque y en este sector aplicaremos las sanciones que sean necesarias a quienes vayan en contra de este principio”, manifestó la Ministra Orozco.
La Ley 769 del 2002 se refiere a las causas de suspensión o cancelación de la licencia de conducción. La quinta causa es «por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva», y luego agrega que también «por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa».
La Circular publicada por el ministerio dice: “se suspenderá la licencia de conducción por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares” y en caso de reincidencia y una vez cancelada la licencia de conducción el conductor solo podrá volver a solicitarla pasados 25 años.
Claramente este anuncio afecta a los conductores de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify y Beat por prestar el servicio que aún es considerado ilegal en el país.
Finalmente, hay que recordar que la Ley establece que la suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente.
Esta es otra de las acciones establecidas por el Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la Estrategia Nacional contra la Ilegalidad y la Siniestralidad Vial.
