Frente a las condiciones en la prestación del servicio de energía en el Caribe, para la Asociación Colombiana de Ingenieros -ACIEM-, Capítulo del Atlántico, como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, es preocupante el actual panorama de deterioro de las redes eléctricas para enfrentar la demanda en el Caribe.Se estima que se requieren en promedio entre cinco y siete años para alcanzar unas redes de distribución aceptables, lo que hace necesario concentrar los esfuerzos en soluciones y proyectos a corto plazo.
Esta situación afecta principalmente a los usuarios, quienes actualmente están asumiendo pérdidas técnicas que alcanzan un 170% por encima del promedio nacional y restricciones que alcanzan hasta un 20% más que la media del país. Asimismo, el incremento de tarifas, tanto por causas coyunturales y estructurales, ha llevado a aumentos exagerados de los precios de la energía entre el 25% y el 49%. Lo anterior, debido a la forma en que se fijó la tarifa de energía eléctrica con base en el Índice de Precios al Producto (IPP) y no en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Si lo vemos desde las redes de distribución, si se mantiene el mínimo de la condición técnica, es decir, las personas están consumiendo más energía, el mismo transformador y el mismo cable; seguramente que habrá riesgo técnico de fallas. Tenemos equipos en nuestro sistema de hace 40 años que en cualquier pueden fallar», precisó el ingeniero Carlos Cárdenas, presidente de ACIEM Capítulo Atlántico.
De acuerdo con este panorama, se espera que el próximo año continúe en un ascenso inminente el comportamiento de la tarifa de energía, proyectando un 25% más que la tarifa actual, al cierre del 2024.
Sumado a esto, se debe tener en cuenta la alerta por el fenómeno de El Niño, por lo que se hace necesario acelerar los proyectos de energía renovable y de generación distribuida para evitar un mayor impacto a los usuarios.
Recomendaciones principales de ACIEM para fortalecer integralmente el mercado de energía eléctrica y aumentar su competitividad
1. Articular institucionalmente a los ministerios de Minas y Energía; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de tener un manejo integral y coherente frente a las medidas que se adoptarán a futuro por el aumento de precios de la energía eléctrica; y lograr una adecuada transición energética, con una nueva estructura que ayude a la competitividad y desarrollo del mercado energético y la economía del país en las próximas décadas.
2. Estudiar la eventualidad de limitar los ingresos de las empresas del sector eléctrico y reducir los beneficios extraordinarios. Así como considerar la posibilidad de establecer la competencia minorista. 3. Dar una mirada distinta al tema de los subsidios y plantear un mínimo vital a través de las energías renovables para poner paneles solares en los estratos 1, 2 y 3, especialmente.
4. Evaluar la posibilidad de gravar los beneficios extraordinarios a las empresas que hayan obtenido utilidades superiores al 20% en los últimos tres (3) años.
5. Fijar un techo en el precio máximo para las ofertas del MWh en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) para energía con costos operativos muy bajos como las energías renovables y las hidroeléctricas.
6. Fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y sanción a las empresas hidráulicas que, teniendo los embalses llenos, desperdicien el agua.
7. Establecer una especial vigilancia y control para evitar que las empresas generadoras sigan utilizando su poder de mercado, puesto que, al fijar límites de participación adecuados, se logrará un mayor equilibro del mercado y una mayor competencia entre agentes.
8. Hacer una vigilancia especial al componente de las inversiones, las pérdidas técnicas y no técnicas, y su peso en la fórmula tarifaria para ajustar a futuro con el fin de reducir su impacto en la tarifa a los usuarios.
