Chiquita Brands International, el gigante de la industria bananera, anunció su intención de apelar la decisión de un jurado en Estados Unidos que la responsabilizó de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un fallo que ha generado gran controversia.

«Aunque lamentamos esta sentencia, mantenemos nuestra confianza en que nuestra posición legal prevalecerá en última instancia», declaró la empresa estadounidense en un comunicado dirigido a la AFP.

El veredicto del jurado, emitido el lunes, ordenó a Chiquita pagar una indemnización de 38,3 millones de dólares a las familias de ocho personas asesinadas por las AUC, una milicia responsable de numerosas muertes en Colombia.

«Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al buscar justicia frente a Chiquita, confiando en el sistema judicial de Estados Unidos», afirmó Agnieszka Fryszman, una de las abogadas de los demandantes. «Este veredicto no podrá devolver a los seres queridos que fueron víctimas de estos crímenes, pero deja en claro quién es responsable del financiamiento del terrorismo: Chiquita», agregó en un comunicado.

En 2007, Chiquita ya había admitido ante tribunales estadounidenses haber financiado a las AUC entre 1997 y 2004, una organización catalogada como terrorista en ese momento. Esto resultó en una multa de 25 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia.

La empresa argumentó que fue extorsionada para pagar a los paramilitares y que lo hizo con el objetivo de proteger a su personal y sus instalaciones en la región del Urabá, al noroeste de Colombia.

Las AUC causaron estragos en Colombia en las décadas de 1990 y principios de 2000, en medio de un conflicto armado contra grupos guerrilleros de izquierda, con la complicidad en ocasiones de miembros de las fuerzas armadas.

El jurado aceptó la acusación de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer una serie de atrocidades, incluidos asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.

El veredicto ha sido recibido como un mensaje contundente a nivel mundial, según Marco Simons, consejero general de la organización EarthRights, que brindó apoyo legal a los demandantes. Afirmó que este fallo envía un claro mensaje a las empresas de que no quedarán impunes si se benefician de abusos contra los derechos humanos.

Actualmente, hay otros procesos civiles en curso en Estados Unidos contra Chiquita por motivos similares, con cientos de demandantes involucrados.