El ministro de Vivienda Jonathan Malagón advirtió, luego de una visita al municipio de Malambo en Atlántico, que quienes no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios de una vivienda gratuita pueden perderla.

Según el funcionario las casas pueden ser revocadas si no son habitadas por los directos beneficiarios, o si son alquiladas, vendidas, entregadas a un familiar, usadas para cometer actos ilícitos, si se les cambia la destinación principal o por falta de pago de obligaciones como administración y servicios públicos.

“Aquellas personas que no estén aprovechando las viviendas por cualquier razón, porque no vivan allí, lo subarrienden o monten un negocio de forma ilegal, donde no haya un aprovechamiento y del reglamento, en esos casos, nosotros como Gobierno, con la misma generosidad con las que se montan los programas de vivienda, con esa misma determinación haremos las reasignaciones”, aseveró el ministro Malagón.

Según la cartera en este momento se adelantan en el país, aproximadamente, 13 mil procesos administrativos sancionatorios a hogares que presuntamente se encuentran incumpliendo las obligaciones, se han revocado 90 y es importante tener en cuenta que no todos los procesos terminan en la pérdida del subsidio, se han archivado más de 3 mil.

Así mismo, el ministro anunció que en la zona de Malambo se comenzará a hacer un acompañamiento con la fuerza pública para revitalizar la zona “y a mejorar los indicadores de convivencia con una estrategia permanente de acompañamiento para aprovechar los espacios comunes, la propiedad horizontal y renovar el concepto de la administración”.

Este, según el jefe de la cartera, será el primero de muchos planes que se realizarán en las demás urbanizaciones del país, “reforzando el acompañamiento social para que los proyectos no se conviertan en focos de miseria, al contrario, la misión del Gobierno Nacional es que los beneficiarios dignifiquen su futuro y que los barrios que tienen subsidios se conviertan en los mejores de cada ciudad. Apoyaremos este tipo de intervenciones de la mano de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y aprovecharemos la experiencia de la policía y las alcaldías en trabajo con comunidades”, concluyó.