La Procuraduría General de la Nación ha comenzado una indagación preliminar en relación con posibles irregularidades en el contrato firmado entre la Alcaldía de Medellín y la empresa EPM para la adquisición de gas. La investigación se centra en el contrato de más de cinco billones de pesos, destinado a asegurar el suministro de gas durante los próximos 10 años en el distrito de Medellín e incluir la construcción de un gasoducto entre Córdoba y Sucre.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal examinará la gestión de este contrato, inicialmente encabezado por el exalcalde Daniel Quintero Calle. Se alega que Quintero Calle habría retirado la participación de Promigas, la empresa originalmente encargada de construir el gasoducto, sin proporcionar una explicación clara.
La Procuraduría investigará los antecedentes del contrato y las circunstancias que llevaron a la selección de Setco, una empresa panameña con un historial previo en el manejo de alimentos, para la construcción del gasoducto. Setco fue establecida apenas 12 días antes de la firma del contrato con EPM y Canacol.
El objetivo de la investigación es identificar a los posibles responsables de cualquier irregularidad, determinar si las conductas investigadas constituyen faltas disciplinarias y establecer si los implicados actuaron con justificación legal para eximirlos de responsabilidad.
