Esta semana la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 004 de 2024, destacando la creciente rivalidad entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua en nueve zonas de la capital.

Esta disputa territorial plantea una seria amenaza para la seguridad de los residentes locales, según afirmo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis. Las zonas afectadas incluyen: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, donde reside aproximadamente el 11,8% de la población capitalina, representando alrededor de 954,000 personas.

🚨🚨 La violencia persiste en Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, según advirtió la Defensoría del Pueblo en 2019. Pero ahora también afecta a Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 27, 2024

La Defensoría señalo que estas áreas son de particular preocupación debido a sus altos niveles de población móvil y su importancia comercial e industrial. La violencia en estas zonas se manifiesta a través de diversas formas, como amenazas de muertes, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y extorsiones, generando un clima de terror entre la población.

Bogotá se enfrenta su propio conflicto interno, indico el Defensor,

“Que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico, por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también, a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.

Ademas, se ha observado que los grupos criminales controlan actividades como la trata de personas, la explotación sexual, la mendicidad forzada y el reclutamiento de menores para actividades ilícitas. Según la Defensoría, estos delitos son perpetrados por grupos asociados tanto al Clan del Golfo como al Tren de Aragua.

La DefensorÍa hizo hincapié en la necesidad urgente de implementar medidas de prevención, atención y protección por parte de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del distrito Capital para salvaguardar a las comunidades afectadas.