La Alcaldía Mayor de Bogotá está comprometida con garantizarles a los ciudadanos de escasos recursos el acceso a internet. En este sentido, apoya el espíritu del acuerdo aprobado por el Concejo de la ciudad, relacionado con el cierre de brechas para la población en condición de vulnerabilidad y para estratos 1, 2 y 3.

Sin embargo, la administración distrital le ha solicitado a la corporación subsanar aspectos relacionados con la constitucionalidad, legalidad y fuentes de financiación de la iniciativa. En una misiva de 20 páginas, dirigida al secretario general del Concejo, Dagoberto García Baquero, la alcaldesa López explicó las razones por las cuales considera improcedente sancionar el proyecto de acuerdo como fue aprobado.

La Alcaldía considera que el proyecto extralimita lo dispuesto en la Ley 2108 de 2021, que determina las condiciones y alcance del servicio esencial de internet porque ahí se señala la universalidad del acceso, pero no corresponde, como lo equipara el Cabildo Distrital, al suministro gratuito de determinada cantidad de internet en las residencias, denominado como “mínimo vital”.

También señala que, como está redactada la iniciativa, se podría desvirtuar el concepto de derecho al mínimo vital al relacionarlo con el acceso al internet, puesto que esa figura está relacionada exclusivamente con el núcleo esencial de derechos fundamentales –una categoría que el acceso al internet no tiene, pese a estar catalogado como servicio público esencial.

 Finalmente, se indica que el proyecto de acuerdo pone en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal, en la medida en que su implementación podría tener un impacto considerable en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.