La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas enérgicas al formular un pliego de cargos contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera. Estos cargos están relacionados con preocupantes presuntas irregularidades que involucran sobrecostos por un monto asombroso de $527 millones en un contrato crucial.

El contrato en cuestión se refiere a la provisión de raciones alimenticias diarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 97.135 estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad durante la pandemia COVID-19. La Procuraduría alega que se detectaron sobrecostos significativos, lo que plantea serias dudas sobre la gestión y la administración de los recursos públicos en un momento crucial.

De acuerdo con los hallazgos, el alcalde William Dau supuestamente aprobó una adición de $3.400 millones al contrato original de $22.459 millones, basándose en estudios previos autorizados por Alexandra Herrera. Sorprendentemente, estos ajustes se realizaron a pesar de que se conocía un informe de la Contraloría General de la República que alertaba sobre los sobrecostos y la disparidad entre los productos alimenticios prometidos y los que finalmente se entregaron a los estudiantes.

La investigación también ha revelado que los paquetes nutricionales mensuales, diseñados para contener al menos 15 productos diversos, aparentemente fueron entregados de manera incompleta. En algunos casos, se entregó solo uno de los productos, pero se habría cobrado el monto total, incluyendo costos, ganancias e impuestos.

Las calificaciones provisionales de «falta gravísima» han sido atribuidas tanto al alcalde como a la directora de Cobertura Educativa por la Procuraduría. Estas acusaciones están respaldadas por la presunta firma y aprobación de un contrato con indicios de sobrecostos, lo que potencialmente ha resultado en un perjuicio financiero importante al patrimonio público.