Con la desbordada migración de venezolanos a nuestro país, nos hemos encontrado frente a un suceso que nunca antes habíamos vivido como nación.  La crisis humanitaria que estamos padeciendo tras la llegada de miles de familias del vecino país nos exige como hermanos aunar esfuerzos para afrontar con medidas extraordinarias esta grave situación.

Durante estos últimos meses, hechos preocupantes relacionados con problemas en los servicios de salud pública, seguridad, empleo y educación, han comenzado a sentirse en varios departamentos, especialmente en las ciudades fronterizas con Venezuela, al punto que Alcaldes y Gobernadores le han solicitado al Gobierno Nacional cerrar los pasos fronterizos como una acción de emergencia.

De acuerdo al último informe emitido por Migración Colombia, al cierre del pasado mes de agosto, se contabilizaron 935.593 venezolanos en el país.  Según este reporte, los dos lugares donde más se concentran las familias que llegan de Venezuela son Bogotá con un 23,5% y La Guajira con un 11,7%.

En el departamento de La Guajira, cada día va en aumento el número de familias venezolanas que llegan por las trochas ilegales, en busca de ayuda humanitaria y con la esperanza de encontrar el apoyo de los colombianos.  El drama es de tal magnitud que el Canciller Carlos Holmes Trujillo, al presenciar la crisis generada por la llegada de venezolanos, se proclamó “padrino de La Guajira” y anunció que en el Consejo de Ministros de este lunes pedirá la declaratoria de Emergencia Económica y Social para este Departamento.

Las quejas y los reclamos de la autoridades locales no solamente tienen que ver con los problemas generados por la migración, sino también por el subregistro que lleva el Gobierno Nacional en las cifras de migrantes, por ejemplo en Maicao según su Alcalde, José Carlos Molina son más de 35.000 los venezolanos que se encuentran en ese territorio pero en los registros solo aparecen 26.000, lo que crea dudas acerca de las cifras reales.

El sector más afectado en La Guajira es el de la salud, porque según las cifras de la Gobernadora (e) Tania Buitrago González el Gobierno central les adeuda más de $5.000 millones por la atención prestada a los migrantes venezolanos. En este Departamento fronterizo también se atienden a 8.000 estudiantes venezolanos, hecho que demanda una cifra significativa en alimentación, transporte escolar y aulas de clases, pero no se cuenta con recursos suficientes para cubrirlos y por eso la atención es deficiente, tanto para los niños venezolanos como para los colombianos, una situación similar a la que ocurre con la atención en Salud.

Otro Departamento que reclama es el de Sucre, hasta donde han llegado miles de venezolanos y allí, según el Secretario de Salud, Ramón Quintero, la atención a los pacientes venezolanos, especialmente a las mujeres embarazadas ha generado un alto costo que hasta ahora no ha tenido retorno.

En el Departamento del Atlántico las cifras no son menos preocupantes. Según cálculos preliminares en los dos últimos años han llegado 20.000 venezolanos al Departamento, de los cuales la Alcaldía de Barranquilla reportó 12.000, el municipio de Soledad 5.000, Sabanalarga 2.000, Campo de la Cruz 2.500 y Candelaria 1.500, entre las localidades de mayor impacto.

A todo lo anterior se suman los hechos delincuenciales y de violencia perpetrados por migrantes venezolanos, tal como lo ha documentado la Fiscalía en uno de sus registros publicados por la Revista Semana en el que indicaba que: “entre el primero de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018, la Fiscalía documentó 1.869 capturas de venezolanos en situación de flagrancia. Las zonas de mayor afectación son Norte de Santander con 643 casos; Bogotá con 198; La Guajira con 148 y Santander con 140”. Tales cifras han ido en aumento con el correr de los días, a tal punto de que ya se habla de un aumento del 228% con relación al año anterior.

Frente a todo ese rosario de quejas y calamidades que agobian a los migrantes y que afectan especialmente a los colombianos de menores recursos, el gobierno colombiano observó una reacción un poco tardía, tanto en el aspecto interno como en las acciones de política exterior, frente la crisis venezolana que hoy nos agobia como vecinos receptores de los refugiados, un problema que ha adquirido una dimensión global, preocupante, por la violencia de Estado en aquel país.

El tiempo nos juega en contra y esta situación debe ser atendida de manera urgente y efectiva, por lo que apoyamos las acciones con las que el nuevo Gobierno busca darle frente a esta crisis, entre ellas la gira internacional anunciada por el Canciller para la constitución de un fondo humanitario de emergencia con el que se espera atender la grave situación.

Es hora de unirnos para levantar a nuestros hermanos en estos momentos de tanta dificultad, esa es la consigna que debemos seguir como hermanos que somos. Confiamos en que la declaratoria de emergencia económica y social que el Gobierno Nacional estudiará para La Guajira se replique hacia otras ciudades colombianas que han caído en crisis en materia de salud, educación y seguridad, por cuenta de la incontrolada migración venezolana, para que de esta manera se de respuesta a tanta necesidad.

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