Luego de que el presidente Iván Duque anunciara públicamente el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año, el cual fue fijado en 908.526 pesos más el auxilio de transporte que será 106.454 pesos, la polémica entre varios sectores se hizo evidente.

En su cuenta de Twitter, el presidente aseguró que el incremento acordado es del 3,5% y que de manera “histórica”, este salario superará el millón de pesos. Sus cuentas, aunque tienen en cuenta el total de 1.014.980 pesos que surge al sumar el salario mínimo y el auxilio de transporte, fueron criticadas por voces que recordaron que el auxilio de transporte no es constitutivo de salario.

Sin embargo, este no fue el único sector que criticó la decisión del presidente, sobre todo teniendo en cuenta que el aumento para los congresistas, anunciado el pasado 24 de diciembre, fue de más del 5 %, lo que significa 1,7 millones de pesos al mes.

La propuesta de Paloma Valencia
Frente esta realidad, la senadora Paloma Valencia anunció que está dispuesta a presentar una reforma para imponer un impuesto del 20 % al salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado.

”Estaremos dispuestos a presentar de manera inmediata y ojalá lo haga el Gobierno, la reforma para que todos los altos salarios del Estado queden gravados en un 20 por ciento”, expresó la senadora del Centro Democrático.

Asimismo, la senadora insistió en que ’’esos salarios son muy altos y en época de pandemia son todavía más altos. No es aceptable para este país que se le pague más a los políticos y a los altos funcionarios del Estado”.

No obstante, esta idea tendría algunos obstáculos, iniciando en que esta reforma tendría que ser presentada en el Congreso, y por supuesto, tendrían que ser los congresistas los que deberían estar de acuerdo para aprobarla, algo que queda en duda, pues los intentos de reforma del salario de los congresistas se han hecho de todas las formas posibles y todos se han hundido.

Cabe recordar, que esta idea ya había sido planteada para aquellos funcionarios que devengaran más de 10 millones de pesos mensuales, por motivos de la crisis económica causada por la pandemia, sin embargo, la Corte Constitucional tumbó este decreto.

Para el alto tribunal, este impuesto no era generalizado, sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido, debido a que violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal.

Un balance entre la preservación y generación de empleo y el aumento del salario mínimo no es fácil. Este Gobierno ha sido el que más lo ha aumentado en términos reales en las últimas décadas. Una de las críticas, incluso de personas cercanas al presidente, ha sido que al Gobierno le faltó manejo político para prever que el aumento salarial a los congresistas en medio de la pandemia se le convertiría en un punto de debate inevitable.