Una mujer de 51 años, Edy Fonseca, se dedicaba a la vigilancia privada en el edificio Luz Marina, ubicado en el barrio Rosales en el norte de Bogotá. El pasado 25 de marzo cuando se decretó el aislamiento obligatorio, el administrador del edificio junto con el Consejo del conjunto decidieron que ella debía quedarse trabajando y que no podría salir por el riesgo de contagiarse con el COVID-19.

Aunque le prometieron que podría salir los fines de semana, nunca le cumplieron, la mantuvieron dentro del edificio trabajando día y noche contra su voluntad desde el 25 de marzo hasta el 25 de abril.

«Trabajé durante un mes de domingo a domingo desde 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, me bajaron un sofá a un sótano y allí era donde dormía», manifestó la vigilante Edy Fonseca.

La mujer también contó que por el encierro y las condiciones precarias en las que estaba comenzó a presentar quebrantos de salud ya que sufre de diabetes pero esto tampoco fue suficiente para que la dejaran ir a su casa.

Cuenta que le daban 15 mil pesos para las tres comidas del día pero esto no alcanzaba y cuando algún vecino quiso ayudarle con algún alimento el administrador le llamó la atención, la regañó y ella comenzó a sentirse muy enferma.

«La hija de un residente me llamó, le aviso al papá, él me llamó una ambulancia, yo iba entrando en un coma diabético, con deficiencia respiratoria y una infección intestinal», agregó.

De esta forma, en ambulancia, la señora Edy logró salir del edificio no sin antes ser amedrentada por el administrador quien le dijo: «vea en el problema que nos metió, queda despedida».

La vigilante y su abogado ya entablaron una denuncia penal y unas quejas en el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia.

La administración del edificio dice que ella firmó un contrato pero su defensa dice que nunca supo en las condiciones en las que tuvo que trabajar.