El ente de control liderado por Fernando Carrillo, le pidió al ICBF medidas urgentes de prevención y protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de abuso sexual y de cualquier forma de maltrato. También le solicitó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, un informe sobre las acciones establecidas para la prevención de las violencias sexuales por parte de la fuerza pública.

Se le solicitó información sobre las estrategias y programas de prevención adelantados por la entidad frente a estos delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes; teniendo en cuenta el seguimiento preventivo que se viene adelantando a la entidad.

Por otra parte, pidió para su seguimiento, las cifras de los procesos administrativos de Restablecimiento de Derechos, donde se evidencie que sus agresores se encuentran al interior de la unidad familiar, o corresponden a familiares cercanos de la víctima. Igualmente, precisar cuántos menores de edad han sido víctimas de actos abusivos dentro de hogares sustitutos o instituciones donde han sido ubicados por las autoridades administrativas.

El informe deberá describir el avance en la construcción de los nuevos lineamientos de protección, prevención y adopción que está adelantando el ICBF frente a las modalidades de atención de primera infancia y adolescencia, y solicitó incluir en las mesas de trabajo a la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres para la construcción de acciones y estrategias contra el maltrato y la violencia sexual hacia los niños, las niñas y los adolescentes.

Al Ministerio de Defensa

Se solicitó reporte de las acciones emprendidas desde el año 2015 a la fecha, para garantizar que los mandos superiores ejerzan medidas concretas para prevenir conductas de violencia sexual de sus subalternos, y asegurar que el personal bajo su supervisión sea consciente de que son inaceptables estos comportamientos y que no serán tolerados en ninguna institución.

En el mismo sentido, requirió precisar el estado actual de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, equidad y prevención de la violencia basada en género del Ministerio de Defensa, y remitir informe sobre su implementación y evaluación, así como los mayores logros y obstáculos encontrados y el presupuesto asignado para su desarrollo.

También se pidió el reporte sobre el procedimiento de recolección de información de las quejas contra integrantes de las fuerzas armadas, por la presunta comisión de conductas que impliquen violencia sexual, y señalar el procedimiento de respuesta y seguimiento a cada una de ellas.

Esta solicitud hace parte del seguimiento al cumplimiento de la Ley 1719 de 2014 – Ley de acceso a la justicia para víctimas de violencias sexuales-, que adelanta la Procuraduría General de la Nación desde su aprobación.

Crédito: Red Medios Digital