El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador Musa Besaile Fayad, el exsenador utilizó recursos públicos del departamento de Córdoba en actos de corrupción, lo que implica que nunca más podrá volver a aspirar a cargos de elección popular. La determinación se da luego de comprobar que Besaile pagó sobornos millonarios para manipular decisiones judiciales que se adelantaban en su contra por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, en el escándalo que se ha denominado el cartel de la Toga, que involucra a exmagistrados y al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Cabe recordar que un interrogatorio en la Corte Suprema en agosto de 2017, Musa Besaile admitió un pago irregular de $2.000 millones y dijo que tenía pruebas de esa entrega de dinero. Los recursos, según dijo, fueron destinados para exmagistrados y abogados, quienes habrían participado en estos hechos de corrupción.  La decisión del magistrado Guillermo Sánchez Luque asegura que Besaile utilizó su rol de congresista «para ejercer su influencia sobre su investigador -el magistrado Malo Fernández», que llevaba su caso en esa Corporación.

La decisión de primera instancia tuvo en cuenta el testimonio que dió el exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, quien declaró que tuvo conocimiento del arreglo entre el exsenador Besaile Fayad y el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del monto del soborno para evitar la orden de captura. Y, además, dijo que Besaile le pidió dineros provenientes de actos de corrupción en el departamento. Para el Consejo de Estado, tampoco es válido el argumento de Besaile en el sentido que supuestamente estaba siendo extorsionado.

«La versión del Besaile Fayad sobre la supuesta coacción que lo llevó a pagar el soborno tampoco lo exculpa, pues como tenía la condición de senador y, por ende de servidor público, al tiempo en que tuvo las tratativas con Moreno Rivera, de haberse presentado el constreñimiento para pagar un dinero, a cambio de detener una orden de captura, antes de “negociar” el monto de lo exigido, debió presentar una denuncia, porque se encontraba frente de un delito», dice la decisión.

El Consejo de Estado agrega que «negociar con intermediarios y pagar un soborno para que el funcionario encargado de instruir un proceso penal en su contra detuviera los avances de la actuación, no solo es un acto ilegal, sino inadmisible e injustificable, pues el excongresista estaba en condiciones de afrontar el proceso penal con un abogado de confianza y de hacer uso de los mecanismos de impugnación previstos por el ordenamiento para controvertir las providencias que lo afectaran, bien sea por contrarias a sus intereses o por injustas».

En la decisión además el alto tribuna remitió a la Fiscalía General de la Nación las copias del testimonio rendido por Roberto Prieto Uribe, para que se evalue si este incurrió en falsedades.