Este jueves el Parlamento chileno aprobó investigar a la jueza Silvana Donoso, que otorgó la libertad condicional al principal sospechoso del femicidio de Ámbar Cornejo, un polémico asesinato que en el pasado mes de agosto desató un enfrentamiento entre poderes del Estado.

El beneficio penitenciario fue otorgado en 2016 por una comisión judicial destinada a ese fin, sacando de la cárcel a Hugo Bustamante, sospechoso de la muerte de Cornejo y condenado en 2005 por el asesinato de su expareja y el hijo de ésta.

La jueza, que concedió el beneficio a Bustamante y otros 788 reos, recibió por parte de un grupo de diputados oficialistas una «acusación constitucional» por «abandono de deberes».

En la cámara de diputados se aprobó con 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, un proceso parlamentario que puede desembocar en la destitución o inhabilitación para ejercer el cargo público. La causa continuará en la cámara del Senado, donde se definirá el futuro de la jueza, que hasta entonces quedó suspendida de su cargo y bajo la prohibición de salir del país, informaron fuentes oficiales.

El parlamentario Andrés Longton, sentenció, «Si hoy rechazan esta acusación, la próxima decisión será también responsabilidad de ustedes. Y cuando ocurra la próxima tragedia, serán ustedes los que serán juzgados no solo por su consciencia, sino por la de todos los chilenos».

La defensa de la magistrada argumentó que Donoso no sería la única implicada, puesto que la decisión se tomó en una comisión plural y calificó de «injusto» que se «cargue a una persona las falencias de un sistema».

La abogada de Donoso afirmó que «No es sólo responsabilidad directa de la magistrada sino que ella estaba aplicando la ley, por lo que la responsabilidad directa podría estar en el texto más allá de quién lo aplique».