La Corte Suprema de Justicia decidió dictar medida de aseguramiento con detención preventiva contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, tras analizar un extenso expediente lleno de testimonios, inspecciones judiciales, videos, grabaciones e interceptaciones telefónicas.

Tras ese análisis, la Corte determinó que Uribe pudo haber cometido el delito de soborno en el caso de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas y de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’ y Eurídice Cortes, alias ‘Diana’.

De acuerdo con el estudio de los magistrados, por medio de otras personas y en varias oportunidades, Uribe ofreció o prometió beneficios económicos y jurídicos a estas personas para que se retractaran o declararan de manera falsa a su favor.

En el caso de Monsalve, quien ha declarado contra Alvaro Uribe y su hermano Santiago en varias investigaciones que se les adelantan por presuntos vínculos con el paramilitarismo, la Corte encontró que Uribe le habría hecho ofrecimientos por dos vías distintas para que se retractara de dichos señalamientos: por medio del representante a la Cámara Alvaro Hernán Prada desde Neiva en febrero de 2018 y unos días después directamente en la cárcel La Picota por medio de los abogados Diego Cadena y Enrique Pardo Hasche.

Según la Corte, en el caso de alias ‘Víctor’ y de alias ‘Diana’, Uribe habría hecho ofrecimientos de carácter económico por medio de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, a cambio de que firmaran cartas o hicieran manifestaciones para desacreditar al exjefe del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas, Pablo Hernán Sierra, quien ha declarado en varias oportunidades en contra del expresidente.

La Corte advierte que posiblemente Vélez y Cortés recibieron el encargo de buscar más testigos que apoyaran la petición de Uribe, ofreciendo dinero y apoyo judicial.

Sobre el fraude procesal, la Corte considera que el expresidente Uribe pudo haber cometido ese delito tras la presentación de las cartas de los exparamilitares buscando inducir a error a funcionarios judiciales, particularmente una carta firmada por Carlos Enrique Vélez del 18 de julio de 2017 y allegada al proceso contra Santiago Uribe, una carta del 20 de febrero de 2018 firmada por el exparamilitar Fauner José Barahona, alias ‘Racumín’, que fue entregada por Uribe a la Corte Suprema para intentar reabrir el caso contra el senador Iván Cepeda y un video grabado el 8 de abril de 2018 por alias ‘Diana’.

En la decisión unánime de la Corte, que tiene 1.554 páginas, se explica que la medida de aseguramiento contra Uribe se tomó ante la posibilidad de que en libertad, el expresidente pudiera obstruir la administración de justicia.

El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, ha negado categóricamente la posibilidad de que su defendido hubiera cometido delito alguno y por eso, ahora tendrá la oportunidad de seguir controvirtiendo las pruebas que tiene la Corte.