La Sala de Institucción de la Corte Suprema de Justicia le notificó formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria emitida en su contra e el proceso que se le adelanta por la presión a testigos.
En un comunicado, el alto tribunal aseguró que tomaba esa decisión por “posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas”.
El alto tribunal argumentó que la decisión “fue adoptada con base en un riguroso estudio de las pruebas”, reseñando que los hechos que se investigaron se presentaron después del 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias para investigar al senador Uribe tras la compulsa de copias hecha tras abstenserse de investigar al congresista Iván Cepeda.
“Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, precisa uno de los apartes del comunicado.
La Sala sostiene que en este proceso han sido claves interceptaciones y registros telefónicos, así como las declaraciones bajo juramento de varios exparamilitares que reseñaron las presiones que recibieron de allegados del senador Uribe para cambiar su versión y retractarse de las acusaciones.
El alto tribunal también cuenta congrabaciones, inspecciones judiciales y registros fílmicos que indican la presunta participación del líder del Centro Democrático en los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal en calidad de determinador.
